La ocupación ilegal, las mafias, la falta de vivienda social

24 febrero, 2021 | M Aparicio

El fenómeno social de la ocupación ilegal de viviendas, la denominada “okupación” está creciendo vertiginosamente. En los últimos cuatro años se ha multiplicado por tres y parece que este fuerte auge este ya fuera de control. Esto ocurre especialmente en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde claramente escasea la vivienda y su precio es muy elevado.

Es importante diferenciar entre lo que es el problema estructural actual de la ocupación ilegal, que en las principales ciudades españolas se ha desbordado, del movimiento okupa como movimiento social que disculpa sus acciones como actitud de protesta ciudadana y política y de alegato del derecho de vivienda justa y contra la especulación inmobiliaria.

No nos referimos tanto al movimiento okupa sino a la grave y creciente situación actual de ocupación ilegal de viviendas que, a fuerza de no solucionarlo desde sus raíces, se está convirtiendo en un considerable problema social de carácter ya estructural.

En torno a esta práctica se están creando nuevos modelos de negocio, como la venta ilegal de viviendas con posibilidad de ser “okupadas”, y empresas de desocupación contratadas por los propietarios, ante una justicia que no cuenta con los recursos necesarios para resolver los problemas de ocupación ilegal de viviendas con rapidez y eficacia.

Necesidad de una vivienda justa. La exclusión social

Existe una necesidad social creciente entre diversos sectores de la población de disponer de una vivienda digna y que no disponen de los recursos económicos necesarios, ni la financiación posible para poder adquirirla.

Las entidades financieras solo conceden hipotecas asumiendo el mínimo de riesgos, es decir, a personas con economías solventes o a las que se les pueda calificar de saludables.  Por añadidura, el alquiler tampoco es una alternativa viable ya que sus precios son en muchas zonas inasumibles. En este mismo contexto, la cantidad de viviendas dispuestas para alquiler social es extraordinariamente limitada, insatisfaciendo claramente la necesidad de muchas personas de tener un hogar digno.

Se detecta de forma clara la exclusión de sectores importantes de la población a las oportunidades de acceso a una vivienda digna. Una realidad con la que no tiene sentido ponerse una venda en los ojos o mirar para otro lado, si a la vez se quiere terminar con la problemática de la ocupación ilegal.

Los necesitados, los propietarios, la justicia y las mafias

Nos encontramos con muchas vertientes que giran en torno al mismo fenómeno de la ocupación ilegal: la necesidad social creciente de viviendas dignas con muchas dificultades de acceso y que no es satisfecha desde el sector público, la vertiente jurídica que no es capaz o no puede dar una solución fácil, ágil y eficiente a los propietarios reales de las viviendas y la proliferación de mafias y de lucrativos negocios que se alimentan de todo el problema.

La salida de una vivienda “okupada” no se puede forzar, aunque la ocupación sea evidentemente ilegítima. Ni siquiera las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) pueden obligar a ocupantes ilegales de una vivienda a desalojarla, si no cuentan con una orden judicial. Y como la justicia tarda, los propietarios o incluso los mismos vecinos buscan atajos contratando los servicios de empresas de desocupación de las viviendas ocupadas.

Muchos propietarios o comunidades de vecinos intentan llegar a acuerdos económicos con las personas ocupantes directamente, o a través de las empresas de desocupación que actúan como intermediarios.

Para completar el ciclo, existen mafias o empresas instaladas en la ilegalidad que promocionan y ofrecen viviendas listas para ser ocupadas ilegalmente a un precio acorde con las condiciones de la vivienda ofertada. Y las anuncian como si se trataran de viviendas para ser adquiridas legalmente y como si fueran auténticas inmobiliarias.

Hay, por tanto, una clara división entre las personas y familias necesitadas y las mafias que se aprovechan claramente de las precariedades que aquellas sufren.  Estas mafias se alimentan y a su vez retroalimentan el problema, es decir, obtienen un fructífero rendimiento de los necesitados y desesperados al convertirse en “agentes inmobiliarios” de viviendas listas para ser ocupadas ilegalmente y, a medida que lo hacen, van fomentando y agrandando el problema al abrir vías claras para la ocupación ilegal.

Causas y soluciones de la ocupación ilegal de viviendas

Se trata de un problema creciente en los últimos años y la solución del problema no es fácil. Se ha convertido en un problema estructural principalmente en las grandes ciudades y si se llega a pensar que se puede solventar o ventilar con un simple cambio en la ley que se traduzca en más severidad para los llamados “okupas”, supone claramente para quien lo afirme, mucha falta de información.

En el problema se conjugan diferentes necesidades por parte de muchos de los protagonistas de la situación. Desde la crisis financiera internacional irrumpida a finales de 2007 se ha incrementado la desigualdad, se ha incrementado la necesidad severa y se ha hecho más extensa la pobreza y es evidente que con la pandemia por el Covid-19, todas las circunstancias anteriores se han enfatizado.

En los lugares donde es muy complicado acceder a una vivienda digna resulta inevitable que la ocupación ilegal se convierte en una realidad y en un problema capital. Y esto ocurre porque las viviendas escasean, los precios de los alquileres son inasumibles, la concesión de hipotecas para los sectores más vulnerables está completamente negada y tampoco llegan de forma contundente las ayudas públicas.

En la otra cara de la moneda están las necesidades de los propietarios, que por el hecho de serlo no significa que su vida sea un camino de rosas. Muchos de ellos están también atravesando en su día a día, numerosas vicisitudes, y por supuesto que la mayoría no se pueden permitir el lujo de la pérdida de su vivienda, y para más contrariedad continuar pagando los gastos que todo inmueble genera.

Ante este complicado escenario, pueden introducirse nuevos artículos en el Código Penal para que quede adaptado a la nueva realidad social, pero detenerse simplemente en eso, sería como cubrir u ocultar una herida que sangra.

Quedarse tan solo en el terreno jurídico o legal como plataforma única de resolución del acuciante problema social sería claramente insuficiente, y solo dejaría momentáneamente satisfechos a aquellos que solo contemplan la punta del iceberg que representa toda esta problemática.

El Estado debe de actuar con más contundencia ante problemas graves como es la clara dificultad de acceso a la vivienda entre los sectores más vulnerables, la exclusión social, la lucha contra la droga, las altas tasas de desempleo entre los jóvenes, una importante mayor inversión en las viviendas de protección oficial, conocidas por sus siglas VPO, poner claros límites a los alquileres inasumibles e invertir mucho más en el alquiler social con el fin de igualarse a la media de la Unión Europea que se encuentra en el 15%.

España se encuentra a años luz de esta cifra, concretamente en el 2%. Con estos datos, resulta demasiado evidente, que España se sitúa a la cola en la inversión destinada al alquiler social.

Se requeriría de un estudio previo multidisciplinar que detecte todas las raíces y causas que general el fenómeno social creciente de la ocupación ilegal, porque como vemos, la solución es compleja y supone abordarla desde muy variados ángulos y enfoques, y donde el sector público y administrativo deberían tener mucha voz.